Conclusiones

Como se desprende claramente de los documentos judiciales, no sólo no existen pruebas que vinculen a las personas procesadas y a UDALBILTZA con ETA, sino que ni siquiera se imputa ningún hecho concreto que tenga ninguna relación con la actividad de ETA. Ahora bien, parece que de lo que se trata es, tal y como ha hecho, recientemente la sentencia del sumario 18/98, de criminalizar cualquier actividad legítima que favorezca de la vertebración de Euskal Herria como sujeto cultural, social, económico y/o político o, incluso, pretenda impulsar cambios legales y jurídicos para que se respete y se favorezca la consolidación de Euskal Herria como tal sujeto, de modo que se pueda, en último término, plantear, incluso, su constitución como estado independiente.

En efecto, cualquier actividad en este sentido, aprovechando que puede coincidir con los objetivos políticos de ETA o ser vista por buenos ojos por esta organización, es criminalizada, afirmando, sin ninguna cortapisa, que las organizaciones o entidades que se dedican a ellas, forman parte de ETA y son dirigidas por ella.

De hecho, se llega a afirmar que ETA no es sólo una organización armada, sino que hay que considerar que existe un “complejo terrorista” del que la organización armada es sólo una parte, la dirigente, y que hay otro buen número de organizaciones que, sin practicar la lucha armada y la violencia, como favorecen los fines de la independencia y el socialismo, deben ser consideradas como parte de la organización terrorista.

En este sentido, resulta clarificador que recientemente el Relator sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU, Martin Scheinin haya advertido en relacion a los sumarios que se están instruyendo en la Audiencia Nacional, del riesgo de que «poco a poco se vaya ampliando la noción de terrorismo a actos que no constituyen y no guardan suficiente relación con actos de violencia grave contra la población en general». Agregó que «cuando se empieza a caer por esa pendiente se corre el riesgo de conculcar muchos derechos» (Europa Press, 14-05- 2008).

En el caso que nos ocupa, lo que se criminaliza es el impulso de una institución creada por la concurrencia de la voluntad, legítima y democrática de cientos de cargos electos municipales y financiada por la voluntad democrática de cientos de ayuntamientos; una institución nacional de base municipal que tiene como objetivo contribuir a la vertebración y al fortalecimiento de Euskal Herria como sujeto cultural, social, económico y político. Se criminaliza que se quiera impulsar esa institución y se trabaje por ella.

Sin embargo, el desarrollo de instituciones nacionales de Euskal Herria es una cuestión que fue abordada y contó con el beneplácito de todos los interlocutores de las conversaciones de Loyola de 2006 y que se plasmó en el siguiente párrafo: “Atendiendo a la actual realidad institucional y desde la aceptación de la voluntad popular, nos comprometemos a respetar el derecho de los/as representantes democráticamente elegidos/as en cualquier ámbito institucional a crear, impulsar, desarrollar y financiar instituciones del conjunto de los territorios y ámbitos administrativos de Euskal Herria” (Párrafo extractado de la “Propuesta abierta de Pacto Político para la Convivencia refrendado entre el Presidente del Gobierno Español y el Lehendakari del Gobierno Vasco. Mayo de 2008”).

Así, los hechos concretos que se atribuyen a la entidad cuya ilegalización se pretende o a las personas imputadas son actividades legítimas que tienen que ver con esa Institución y cuya valoración, tal y como se plantean los hechos que se les atribuyen, no tienen cabida en un proceso penal, sino que sólo son susceptibles de ser valorados políticamente e institucionalmente por parte de los cargos electos de los Ayuntamientos.

Este proceso penal, al igual que otros nacidos como continuación del sumario 18/98, tiene un fundamento exclusivamente político y su culminación se va a llevar a cabo forzando las mismas leyes que dice querer proteger. Todo para negar que exista un sujeto, Euskal Herria, con derecho a dotarse de sus propias instituciones que le permitan crecer, desarrollarse y consolidarse como Pueblo.

Este ataque por parte del estado español busca evitar que se constituya una representación nacional de electos vascos. En definitiva se trata de que el pueblo vasco no pueda presentar ante la comunidad internacional una representación legítima y democrática.

  1. Aún no hay comentarios.
  1. No trackbacks yet.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: