Actuación judicial

En la instrucción de este sumario contra UDALBILTZA son procesadas 22 personas, además se solicita la clausura definitiva de las entidades “UDALBILTZA KURSAAL”, UDALBILTZA PARTZUERGOA y EUSKAL GARAPEN ETA KOHESIO FONDOA, así como su disolución.

  • Juan Karlos ALDUNTZIN JUANENA (alcalde de Pasaia y miembro de la Comisión Ejecutiva de UDALBILTZA).
  • Xabier ALEGRIA LOINAZ (ex-concejal de Lezo ­Gipuzkoa­, ex-miembro de la Comisión Ejecutiva de UDALBILTZA y trabajador de UDALBILTZA).
  • Miren Josu ARANBURU ETXEBARRIA (concejala de Urretxu ­Gipuzkoa­ y trabajadora de UDALBILTZA).
  • Loren ARKOTXA MEABEBASTERRETXEA (alcalde de Ondarroa ­Bizkaia­ y presidente de UDALBILTZA).
  • Jasone ASTIBIA LEGORBURU (concejala de Zubieta ­Nafarroa­ y miembro de la Comisión Ejecutiva de UDALBILTZA).
  • Miriam CAMPOS ALONSO (trabajadora de UDALBILTZA). 
  • Eider CASANOVA ALONSO (concejala de Barakaldo ­Bizkaia­ y ex-miembro de la Comisión Ejecutiva de UDALBILTZA).
  • Imanol ESNAOLA ARBAIZA (concejal de Lezo ­Gipuzkoa­ y trabajador de UDALBILTZA)
  • Lander ETXEBARRIA GARITAZELAIA (concejal de Bilbao ­Bizkaia­ y miembro de la Comisión Ejecutiva de UDALBILTZA).
  • Xarlo ETXEZAHARRETA (ex-concejal de Hazparne ­Lapurdi­ y colaborador de la Comisión Ejecutiva de UDALBILTZA).
  • Joseba GARMENDIA ALBARRACIN (concejal de Urretxu ­Gipuzkoa­ y miembro de la Comisión Ejecutiva de UDALBILTZA).
  • Oskar GOÑI PETRIRENA (concejal de Bera ­Nafarroa Garaia­ y miembro de la Comisión Ejecutiva de UDALBILTZA).
  • Leire IDOIAGA ALTAMIRA (trabajadora de UDALBILTZA). 
  • Xabier IRAGORRI GAMIO (alcalde de Oiartzun ­Gipuzkoa­ y presidente el Consorcio UDALBILTZA Partzuergoa y del Fondo Vasco de Cohesión y Cooperación-Euskal Garapen eta Kohesio Fondoa).
  • Urko IRASTORZA ALDANONDO (concejal de Lazkao ­Gipuzkoa­ y miembro de la Comisión Ejecutiva de UDALBILTZA).
  • Espe IRIARTE VICENTE (concejala de Iruñea ­Nafarroa­ y miembro de la Comisión Ejecutiva de UDALBILTZA)
  • Txema JURADO TORVISCO (concejal de Atarrabia ­Nafarroa Garaia­).
  • Miren ODRIOZOLA UZKUDUN (concejala de Azpeitia ­Gipuzkoa­ y miembro de la Comisión Ejecutiva de UDALBILTZA).
  • Larraitz SANZBERRO ARAKAMA (concejal de Oiartzun ­Gipuzkoa­ y trabajadora de UDALBILTZA).
  • Maribi UGARTEBURU MARKUERKIAGA (alcaldesa de Amoroto ­Bizkaia­ y miembro de la Comisión Ejecutiva de UDALBILTZA).
  • Karmele URBISTONDO ARANBURU (concejal de Urnieta ­Gipuzkoa­ y trabajadora de UDALBILTZA).
  • Ibon ARBULU RENTERIA (ex-concejal de Bilbo ­Bizkaia).

El procesamiento viene motivado por su participación, como miembros de la Comisión Ejecutiva o como trabajadoras y trabajadores, en UDALBILTZA, lo cual podría ser constitutivo “de un posible delito de integración en organización terrorista del artículo 515.2º y 516,2º del Código Penal, y, de un posible delito de allegamiento de fondos a la organización terrorista ETA”.

Según el Auto, “está acreditado (sin que se aporte ni prueba ni dato que sustente esta acusación) que UDALBILTZA-KURSAAL UDALBILTZA PARTZUERGOA y EUSKAL GARAPEN ETA KOHESIO FONDOA, se hallan integradas en el armazón del complejo terrorista liderado por ETA-EKIN, formando parte de la misma estructura ilícita y delictiva (ETA-EKIN) que actúa con diversidad de medios pero con unidad de propósitos cual es la subversión del orden constitucional o la alteración de la paz pública (art. 571 y siguientes del Código Penal), a través de la organización, patrocinio y desarrollo de actos violentos contra el patrimonio, mediante la utilización de armas, explosivos, amenazas, coacciones o cualesquiera otras actividades calificadas como delitos contra el patrimonio o actuaciones económico-financieras que tienden a sustentar la estructura y hacerla perdurar como un entramado criminal jerarquizado para la consecución de la autodenominada “Alternativa democrática” para “la construcción nacional”.

Resulta, cuando menos, fuertemente chocante que se infiera tal conclusión de la actividad de UDALBILTZA, actividad, por otra parte, pública y conocida.

La realidad es bien distinta. Los miembros que participan en la Asamblea Nacional del Auditorio Kursaal, avalada por más de 1000 cargos electos de orientaciones políticas plurales, son alcaldes y concejales que preocupados por la paralización que vive la Institución UDALBILTZA deciden y se comprometen en desarrollar los fines adoptados en la Asamblea fundacional del Palacio Euskalduna y el Plan de Gestión aprobado por unanimidad en Julio de 2000.

Respecto a las “actuaciones económico-financieras”, los únicos movimientos financieros que se recogen en todos los Autos son subvenciones a organismos culturales, deportivos, instituciones educativas,…; recogida de fondos para impulsar proyectos empresariales en Zuberoa (inversiones en fábrica de productos de látex, inversiones en empresa cervecera, subvenciones para proyectos audiovisuales, subvenciones para proyecto de difusión de las Tecnología informáticas…); contratación de estudios diversos; pago de salarios a los trabajadores de UDALBILTZA y nada más. Todas las actividades realizadas por UDALBILTZA, hechas públicas en su día, tanto a través de la publicación UDAL HITZA como a través de los medios de comunicación, se pueden leer en el Anexo I del Informe Completo.

El Auto afirma que hay evidencias, sin que se diga cuáles, de que “UDALBILTZA KURSAAL es una renovación delictiva de la UDALBILTZA nacida del acuerdo entre diversas fuerzas nacionalistas y otros partidos políticos y organizaciones, que nada tienen que ver con ella, y, que se ubica en el ámbito de actuación del MLNV y con subordinación a las directrices impartidas por ETA-EKIN e incluso BATASUNA, a la vez que has sido financiadas por fondos de los ayuntamientos controlados por dicha formación política, cuando aún no había sido suspendida en sus actividades, según la relación que consta en los hechos de esta resolución.”

Llama poderosamente la atención que ni en éste ni en ningún otro Auto se argumente o se explique en qué momento concreto y por qué adquiere UDALBILTZA tal carácter delictivo, cuando la labor desarrollada en estos años es la puesta en práctica y desarrollo de los principios fundacionales. En relación a la supuesta subordinación y directrices, no se aporta prueba alguna, porque la verdad es que la Comisión Ejecutiva desarrollo su labor con plena y absoluta capacidad de decisión. Y en cuanto a las subvenciones otorgadas por Ayuntamientos, éstas se encuentran dentro de sus competencias legales, no han sido cuestionadas por los órganos competentes y ¿en base a qué razonamiento jurídico estas subvenciones, hasta el año 2000, no conllevan terrorismo y sí a partir del año 2001?

En consecuencia, afirma, sin que se aporte ni prueba ni dato que sustente esta acusación, que los 22 imputados “tenían conocimiento de estas circunstancias y todos ellos decidieron voluntariamente contribuir al sostenimiento y desarrollo de estas estructuras nucleadas por UDALBILTZA-KURSAAL como proyecto específico de ETA- EKIN, por lo que no pueden pretender se ajenos a dicha finalidad e instrumentalización de la organización terrorista.”

Cuatro años y medio después del inicio de este sumario nos encontramos a las puertas del juicio oral donde se plantean abultadas condenas de cárcel para estas 22 personas. Concretamente, el Fiscal solicita para cada una de las personas procesadas una pena de 10 años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por 10 años y costas por un supuesto “delito de integración en organización terrorista”. Además, para otras cuatro personas, solicita 5 años más de prisión, inhabilitación absoluta por tiempo de 12 años y costas por un supuesto delito de “malversación de caudales públicos.

La Acusación Popular, ejercida por la ultraderechista Asociación Dignidad y Justicia, eleva las penas solicitadas a 14 años de prisión con un añadido de 8 años más para las cuatro personas acusadas de malversación.

Además se solicita la clausura definitiva de las entidades “UDALBILTZA KURSAAL”, UDALBILTZA PARTZUERGOA y EUSKAL GARAPEN ETA KOHESIO FONDOA, así como su disolución.

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